Choque entre Boadilla y el Defensor del Pueblo por las tarifas municipales
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decidido mantener su sistema de tarifas diferenciadas para empadronados y no empadronados en el uso de las piscinas e instalaciones deportivas municipales, pese a la recomendación formal del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que considera esta práctica contraria al principio de igualdad ante la ley
El origen del conflicto se encuentra en una queja presentada por una vecina que denunció la existencia de precios más bajos para quienes están inscritos en el padrón municipal. Tras analizar el caso, el Defensor del Pueblo concluyó que esta distinción carece de justificación objetiva y, en consecuencia, instó al consistorio a eliminarla.
En su resolución del 8 de octubre de 2025, Gabilondo fue categórico: “Una diferenciación tarifaria basada únicamente en el empadronamiento del usuario no constituye una justificación objetiva ni razonable”. El dictamen se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una sentencia de julio de 2023 ya había establecido que los ayuntamientos no pueden fijar tasas distintas por el uso de instalaciones deportivas según el lugar de residencia.
El Ayuntamiento defiende su autonomía local
Pese a la recomendación, el consistorio de Boadilla ha anunciado que no modificará su normativa. En un informe municipal, el gobierno local —presidido por Javier Úbeda (PP)— argumenta que su sistema tarifario, aprobado inicialmente en 2003 y actualizado este mismo año, es “legal, objetivo y razonable”.
El Ayuntamiento sostiene que los precios públicos no tienen la naturaleza de tributos y que, por tanto, pueden establecerse atendiendo a criterios sociales o de interés general. Entre ellos, considera legítimo incluir el empadronamiento, ya que los residentes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de los servicios municipales.
“El servicio está pensado principalmente para los vecinos del municipio, que ya financian su sostenimiento a través de los impuestos locales”, defienden desde el consistorio. Además, recuerdan que existen precedentes similares, como las ventajas para empadronados en el estacionamiento regulado o las tarifas de transporte urbano.
Cruce político entre Gabilondo y Úbeda
El enfrentamiento institucional ha tenido también un matiz político. El alcalde Javier Úbeda ha reprochado al Defensor del Pueblo su actuación y le ha instado a “centrarse en garantizar la igualdad real de todos los españoles”, mencionando cuestiones como el uso del castellano en las comunidades autónomas o la equiparación de penas por delitos de carácter separatista.
Úbeda también aprovechó para reclamar al Gobierno central explicaciones sobre el estudio de viabilidad del servicio de Cercanías, prometido por el exministro José Luis Ábalos y aún sin publicarse.
Un debate con alcance nacional
La negativa de Boadilla del Monte abre un debate con posibles repercusiones en todo el país: ¿puede el empadronamiento ser un criterio válido para acceder a servicios públicos en condiciones más ventajosas?
La cuestión no es menor. Decenas de municipios españoles aplican bonificaciones similares, especialmente en el uso de instalaciones deportivas o culturales. La resolución del Defensor del Pueblo y la firme postura del Ayuntamiento madrileño podrían sentar un precedente que obligue a revisar políticas locales de larga tradición.
Por ahora, el pulso continúa abierto, y la línea que separa la autonomía municipal del principio de igualdad sigue difuminada.
