Unos octogenarios ganan al Estado tras una expropiación en Boadilla
Un cuarto de siglo después de perder su hogar por una expropiación estatal, Argimiro Rubio (80 años) y María Pindado (81) han obtenido finalmente justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a su favor, reconociendo que el Estado les debe una compensación económica mucho mayor a la que recibieron por la pérdida de su finca en Boadilla del Monte, afectada por las obras de la autovía M-50.
🏡 Una finca familiar que desapareció bajo el asfalto
La historia comenzó en el año 2000, cuando la pareja fue expropiada de una propiedad de 6.943 metros cuadrados, con casa, piscina, huerto y jardín. Era el fruto de toda una vida de trabajo, y se encontraba en una zona que entonces aún conservaba su carácter rural. La finca fue declarada de utilidad pública para la construcción del cinturón viario M-50, una de las grandes infraestructuras del área metropolitana madrileña.
El justiprecio ofrecido por la Administración fue, según el matrimonio, muy inferior al valor real del terreno y las edificaciones. Tras rechazar la oferta, iniciaron una larga batalla judicial que se ha prolongado durante 25 años, entre recursos, peritajes y reclamaciones.
⚖️ El fallo del Tribunal Superior de Justicia
La reciente sentencia del TSJM reconoce que los expropiados tenían razón: la valoración inicial no respetó los criterios de mercado ni las condiciones reales de la finca. El fallo establece que el Estado deberá recalcular la indemnización, que según la parte demandante asciende a más de un millón de euros, incluyendo intereses y costas procesales.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dispone ahora de 30 días para presentar recurso ante el Tribunal Supremo, aunque el dictamen del TSJM refuerza la posición del matrimonio tras décadas de litigio.
🕰️ Medio siglo de expropiaciones
La historia de Argimiro y María no es la primera en su familia. En los años sesenta, los padres de Argimiro ya habían sido expropiados para construir un embalse en León, en lo que él recuerda como “una pérdida irreparable”.
“Parece que la historia se repite”, comenta Argimiro, “pero al menos ahora la justicia nos ha escuchado”.
💡 Un caso que simboliza la lentitud de la justicia
El caso ha reabierto el debate sobre los procesos de expropiación forzosa en España, donde los conflictos sobre el justiprecio suelen prolongarse durante años. Asociaciones de afectados reclaman reformas legales que acorten los plazos de valoración y eviten que los propietarios mueran antes de recibir su compensación.
Expertos en derecho administrativo destacan que esta sentencia puede servir de precedente para otros casos similares de expropiaciones urbanísticas vinculadas a grandes infraestructuras.
🗣️ Un final con sabor a justicia
Tras más de dos décadas de recursos, Argimiro y María ven reconocida su lucha. “Lo único que pedíamos era justicia, no un favor”, asegura María.
Hoy, a sus 80 y 81 años, viven con la esperanza de que la indemnización no tarde otros tantos años en llegar.
