APB denuncia irregularidades en una convocatoria de empleo

Alternativa por Boadilla ha presentado un recurso y ha pedido a la Delegación del Gobierno que paralice un procedimiento por el que, a través de una convocatoria publicada por el Ayuntamiento de Boadilla, se convocan 4 plazas de Educadores Infantiles

Según APB las 4 plazas están convocadas con bases irregulares y supone una flagrante vulneración de los princpios constitucionales

La convocatoria y las Bases del procedimiento de selección fueron suscritas el 6 de junio de 2018 por la Teniente de Alcalde, Susana Sánchez Campos (Decreto 2362/2018, publicado en el BOCM de 12-7-2018 y en el BOE de 5-9-2018 para cubrir 4 plazas de Educadores Infantiles.

El recurso fue presentado el pasado 24 de septiembre por los Concejales de Alternativa por Boadilla denunciando la inconstitucionalidad de las Bases de la convocatoria por las siguientes razones:

a). La valoración otorgada a los méritos no puede rebasar el límite de lo tolerable respecto a la puntuación de la fase de oposición.

b). Las Bases impugnadas establecen una valoración de los servicios prestados por encima del límite de lo tolerable respecto de la valoración de los restantes méritos.

c). Diferente valoración de los servicios prestados en función de la Administración donde se hayan prestado.

La base 9. 2 otorga 0,5 puntos por servicios prestados al Ayuntamiento de Boadilla y 0,25 puntos a los prestados en otras Administraciones Públicas.

Entre otras razones, los Concejales de APB argumentan en su recurso que la diferente valoración de los servicios en función de la Administración a la que se hayan prestado, valorando más los servicios prestados a la Administración convocante de las pruebas, no tiene justificación alguna, lo que revela no solo una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, sino una clara intención de predeterminación del resultado del concurso-oposición en favor de las personas que prestan servicios en el Ayuntamiento de Boadilla en detrimento de aquellas que, contando con la misma experiencia de Educador Infantil, la hayan adquirido en otras Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

“Convocando plazas que vulneran la Constitución no se da ejemplo, así no se pueden repartir banderas. El Sr. González Terol debería mostrar más constitucionalismo en estas cuestiones” manifiesta Angel Galindo, Concejal Portavoz de Alternativa por Boadilla.

En su recurso, han invocado la doctrina constitucional que impide la aprobación de Bases como las que ha aprobado el Ayuntamiento de Boadilla, de acuerdo con, entre otras sentencias, la STC 281/1993, de 27 de septiembre, que dice: “(…) Sin embargo, en el supuesto de autos no se trataba propiamente de favorecer genéricamente a quienes hubieran desempeñado puestos idénticos o similares a los ofertados, sino sólo de privilegiar a las concretas personas que los hubieran ocupado en el propio Ayuntamiento autor de la convocatoria. La imposibilidad de que los veinte puntos concedidos por ese concepto pudieran ser obtenidos por quienes hubiesen ocupado puestos idénticos en otras Corporaciones pone de manifiesto que no se trataba tanto de favorecer la experiencia en la categoría ofertada, cuanto, de primar, exclusivamente, a quienes venían ocupando interinamente las plazas en disputa.”.

Así como las STS de 4 de marzo de 2013, 25 de abril de 2012, 27 de junio de 2011, 18 de mayo de 2011 y 9 de diciembre de 2010, que fijan la siguiente doctrina consolidada:

“(…) Es evidente que la valoración de la experiencia previa que se tiene en la Administración, en idénticas plazas, valorando más la de quienes han prestado sus servicios en la misma no tiene justificación alguna, y revela no solo una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, sino incluso un fumus de desviación de poder y de intento de favorecer en el proceso selectivo a quienes ya estaban con anterioridad en la Administración.

Los Concejales de Alternativa por Boadilla se han dirigido también a la Administración del Estado para que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales básicos que deben regir en los procedimientos de selección que está convocando el Ayuntamiento de Boadilla.

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